Santo Domingo, RD.- La procuradora de corte Mirna Ortiz aseguró este viernes que el Ministerio Público ha probado la acusación de corrupción administrativa presentada contra Hugo Beras, Jochi Gómez y sus cómplices. Destacó, en ese sentido, que indiscutiblemente serán enviados a juicio.
La titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) destacó la contundencia de las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar que se lleva a cabo en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
Al responder preguntas de la prensa a la salida del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, afirmó que las defensas intentaron tender una cortina de humo, tratando de envolver al tribunal y a la prensa con insinuaciones y afirmaciones al margen del derecho y sin ninguna prueba.
Afirmó que el Ministerio Público demostró todas y cada una de las imputaciones contra Hugo Beras, Gómez Canaán y todos los demás imputados.
Ortiz dijo que ninguna de las dos defensas se refirió a los mensajes de WhatsApp que corroboran las afirmaciones del Ministerio Público, que sostiene que la licitación ya había sido otorgada a José Gómez Canaán antes de que se llevara a cabo el proceso mismo de licitación.
Resaltó que esas actuaciones representan un esquema completo de defraudación al Estado dominicano, al jugar con cartas marcadas, «evidentemente para favorecer a un proveedor con el que ya se tenían relaciones a cambio de beneficios económicos».
«Eso es lo que ha demostrado el Ministerio Público en esta audiencia y por lo que, indiscutiblemente, corresponderá un auto de apertura a juicio», subrayó.
Ortiz representó al Ministerio Público en la audiencia junto con los procuradores fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Durante el proceso, el Ministerio Público solicitó al tribunal que dictara un auto de apertura a juicio contra todos los acusados.
La jueza Yanibet Rivas se reservó el fallo para el próximo 5 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana.
Por el caso, están siendo procesados Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, propietario de Aurix S.A.S.
También están acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, ex director de Tecnología del Intrant.
A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.
Asimismo, la acusación incluye a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las personas jurídicas acusadas son las siguientes: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Durante el proceso, el Ministerio Público indicó que, en el transcurso de la investigación, se obtuvieron pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos. Estas irregularidades se llevaron a cabo principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
El Ministerio Público determinó que, mediante contratos y convenios irregulares con Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas empresas, las cuales fueron utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix. Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos y al sabotaje tecnológico, consolidando así su control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado.
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