Santo Domingo, RD.-. Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazaron el segundo recurso de casación interpuesto por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) contra Inteligencia Legal, SRL, poniendo fin a un litigio iniciado en 2021 que llegó en dos ocasiones a la Corte de Casación.
Mediante la Sentencia núm. SCJ-SR-26-00319, el alto tribunal confirmó el fallo de la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo que había desestimado la pretensión de la CCRD de anular, por la vía de lesividad, el acto mediante el cual ese organismo aprobó la contratación de los servicios profesionales de la firma legal.
El recorrido del caso
Apoderada por la Tercera Sala de la SCJ como tribunal de envío, la Cuarta Sala del TSA rechazó en diciembre de 2024 la demanda de la Cámara de Cuentas. El organismo contralor recurrió nuevamente en casación, y su segundo recurso fue también rechazado en todas sus partes por las Salas Reunidas.
La decisión reafirmó que para que la Administración pueda dejar sin efecto un acto favorable a un particular, se exige «especial rigor» en la observancia de la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso.
Falta de motivación, clave del fallo
La SCJ consideró que la Cámara de Cuentas actuó con ligereza al no expresar de manera suficiente y concreta las razones de contrariedad al derecho ni la lesión al interés público que justificaban atacar el acto que había reconocido derechos a Inteligencia Legal. Esa insuficiencia de motivación, según la alta corte, impidió a la firma ejercer plenamente su derecho de defensa, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica.
La sentencia descartó además que el tribunal de envío hubiese desnaturalizado los hechos, omitido pruebas o incurrido en errores de derecho, concluyendo que realizó una correcta aplicación de la ley.
Un precedente para el Estado de derecho
«Después de cinco años, dos casaciones y un juicio de reenvío, quedó definitivamente establecido que una institución no puede desconocer derechos ya reconocidos sin ofrecer razones serias y verificables, un principio esencial del Estado de derecho», afirmó el Dr. Julio Cury, socio fundador de Inteligencia Legal.
Agregó que la Administración está sometida al derecho también cuando pretende corregirse a sí misma: «Es una victoria para el debido proceso, más allá del caso concreto».
Inteligencia Legal, SRL es una firma especializada en derecho civil, administrativo, constitucional y penal, con práctica ante las distintas jurisdicciones y altas cortes del país.
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