Santo Domingo, RD.-. El Dr. Roberto Rosario, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, salió al paso de las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre el Seguro Nacional de Salud (SENASA), señalando que sí existían los marcos legales de control y que las falencias detectadas obedecen más bien a su incumplimiento durante la actual gestión gubernamental.
El planteamiento del Gobierno
El presidente Abinader reconoció recientemente que durante su gestión no se cumplieron adecuadamente los controles de gasto en SENASA, al tiempo que indicó que la institución presentaba «fallas estructurales en sus mecanismos de supervisión desde su fundación», y destacó que actualmente se han fortalecido los controles con la creación de un consejo directivo y una unidad de auditoría interna que antes no existían.
La postura de Roberto Rosario
Para el dirigente opositor, las declaraciones del mandatario ponen de manifiesto las falencias de planificación de las actuales autoridades y podrían responder a un intento por justificar el manejo de los fondos públicos en la entidad a partir de agosto de 2020.
«Siempre han existido normas para evitar fallas estructurales en la administración de los recursos y que fueron aplicadas por los anteriores incumbentes del SENASA», sostuvo Rosario, quien recordó que hasta el 16 de agosto de 2020 no se había registrado un desfalco de la magnitud del que hoy se ventila en los tribunales.
Las normas citadas
El Dr. Rosario detalló el marco legal que establecía mecanismos de supervisión desde antes de la actual administración:
- Ley 87-01 (Sistema de Seguridad Social): En su artículo 148, literal e), obliga al SENASA y a las ARS a rendir informes periódicos a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.
- Ley 10-07 (Sistema Nacional de Control Interno y Contraloría): En su artículo 2, establece que las instituciones públicas de la seguridad social están sometidas al control interno de los fondos públicos, reforzado por el artículo 247 de la Constitución.
- Ley 10-04 modificada por la 18-24 (Cámara de Cuentas): Extiende expresamente la competencia de fiscalización a las instituciones que administren recursos públicos, incluyendo las empresas públicas de seguridad social.
«Desde 1996 el Estado dominicano creó las bases institucionales para supervisar el buen uso de los recursos en instituciones como SENASA. Lo ocurrido en estos seis años solo puede explicarse por la indiferencia de los organismos del Estado que, a partir del 2020, abandonaron su responsabilidad de control y fiscalización», concluyó el dirigente de la Fuerza del Pueblo. Asimismo, sugirió que el presidente no recibió la información adecuada por parte de sus asesores sobre el tema.