Santo Domingo, RD.– El Poder Judicial de la República Dominicana obtuvo una calificación de 0.88 sobre 1, la más alta entre 21 instituciones evaluadas en la Métrica de Justicia Abierta (MJA-RD), destacándose por sus niveles de transparencia, participación y colaboración, según los resultados presentados por el World Justice Project (WJP).
La evaluación, desarrollada con el acompañamiento del Poder Judicial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), analiza las prácticas institucionales del sistema de justicia mediante indicadores relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la colaboración.
En las cuatro dimensiones evaluadas, el Poder Judicial alcanzó una puntuación de 1.00 en colaboración, 0.94 en participación, 0.91 en transparencia y 0.67 en rendición de cuentas, esta última identificada como su principal área de mejora.
En contraste, el ecosistema de justicia dominicano, que incluye al Ministerio Público, la Oficina Nacional de la Defensa Pública y el Defensor del Pueblo, obtuvo una calificación general de 0.63 sobre 1. Aunque registró un resultado de 0.80 en transparencia, presentó oportunidades de mejora en colaboración (0.60), participación (0.56) y rendición de cuentas (0.55).
La medición utiliza 73 indicadores para las instituciones centrales y 23 para las oficinas locales, con información correspondiente principalmente a 2025. En el ámbito territorial, se verificó el 32 % de los indicadores en 11 oficinas analizadas, lo que evidencia limitaciones en la disponibilidad de información desagregada.
Durante la presentación, la representante residente del PNUD, Ana María Díaz, destacó que los resultados ofrecen una base de evidencia para reconocer los avances institucionales e identificar oportunidades de mejora en el sistema de justicia.
Díaz reconoció, además, el liderazgo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, por su compromiso con el fortalecimiento de la transparencia y la apertura institucional.
Por su parte, Ana Cárdenas, analista de Investigación del WJP, explicó que la justicia abierta constituye un modelo de gestión basado en prácticas de participación y colaboración en beneficio de la ciudadanía. Asimismo, resaltó que la medición permite identificar las capacidades institucionales y establecer puntos de partida para continuar mejorando.
Alejandro González, jefe de Investigación del WJP, valoró la disposición del liderazgo judicial dominicano para impulsar una evaluación sustentada en evidencias objetivas e imparciales, con miras a construir una justicia más abierta y cercana a sus usuarios.
Los hallazgos servirán de orientación para implementar la Política de Justicia Abierta y el Plan Justicia del Futuro 2034, mediante el fortalecimiento de herramientas como el Observatorio, los datos abiertos, Juristeca y Acceso Digital.
El principal desafío identificado consiste en consolidar prácticas sostenibles que reduzcan las barreras de acceso a la justicia y garanticen que las personas ocupen un lugar central en los servicios judiciales.
La actividad se celebró en el auditorio del Poder Judicial y contó con la participación del juez de la Suprema Corte de Justicia Samuel Arias Arzeno, impulsor de la iniciativa de Justicia Abierta en el país, así como de otros jueces, funcionarios y servidores judiciales.
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