Santo Domingo.– La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) advirtió que una eventual derogación del Decreto núm. 693-24, solicitada por Estados Unidos en el marco del DR-CAFTA, podría generar graves consecuencias para la producción arrocera nacional y afectar a miles de productores y empleos vinculados a esta actividad.
El presidente de la ANPA, Tito Hernández, sostuvo que la República Dominicana tuvo aproximadamente dos décadas para prepararse ante la apertura del mercado del arroz contemplada en el acuerdo comercial, pero durante ese período no se realizaron, a su juicio, las inversiones necesarias para modernizar los sistemas de riego, reducir los costos de producción, renovar variedades, fortalecer la investigación, ampliar el financiamiento y mejorar la mecanización.
Hernández señaló que no sería justo trasladar ahora a los productores las consecuencias de lo que considera una falta de planificación e inversión durante sucesivas administraciones gubernamentales.
Según el dirigente agropecuario, Estados Unidos no busca únicamente la eliminación del Decreto 693-24, sino ampliar el acceso de su arroz al mercado dominicano bajo las condiciones establecidas en el DR-CAFTA. Advirtió que los productores nacionales tendrían que competir con una agricultura estadounidense de mayor escala y altamente tecnificada.
La ANPA estima que la eliminación de la protección arancelaria podría comprometer el futuro de unos 30,000 productores, entre 1.3 y 1.5 millones de tareas cultivadas, una producción cercana a 14.8 millones de quintales de arroz y una cadena económica que, según sus cifras, mueve más de RD$45,000 millones anuales.
Hernández advirtió que una apertura repentina podría provocar una reducción de los precios pagados a los productores, acumulación de cosechas, aumento del endeudamiento, disminución de las áreas sembradas y dificultades para factorías y otras empresas vinculadas a la cadena arrocera.
También alertó sobre el riesgo de que el país pierda capacidad de autosuficiencia y aumente su dependencia de las importaciones para abastecer uno de los principales alimentos de la población.
Aunque reconoció que algunos sectores podrían plantear que el ingreso de arroz importado contribuiría a reducir los precios al consumidor, sostuvo que no existe garantía de que esa eventual reducción se traslade de manera proporcional a las familias, debido a los costos y márgenes que intervienen en las etapas de almacenamiento, procesamiento, transporte y comercialización.
El presidente de la ANPA planteó que el Gobierno debe respetar los compromisos internacionales asumidos por el país, pero también preservar la capacidad nacional de producir alimentos esenciales.
En ese sentido, pidió al presidente Luis Abinader convocar una mesa nacional del arroz con la participación del Gobierno, productores, profesionales agropecuarios, factorías, Banco Agrícola, universidades y centros de investigación.
Asimismo, propuso realizar un estudio independiente sobre el impacto económico, social y alimentario de la apertura y negociar con Estados Unidos un período de transición acompañado de salvaguardias, controles a las importaciones y mecanismos de compensación.
Hernández también planteó la creación de un Programa Nacional de Competitividad Arrocera que permita reducir costos, modernizar los sistemas de riego, fortalecer la investigación, elevar la productividad y garantizar financiamiento y seguro agropecuario.
La posición de la ANPA, afirmó, no es contraria al comercio ni al cumplimiento de los acuerdos internacionales, sino que busca evitar que los productores dominicanos asuman las consecuencias de lo que calificó como 20 años de falta de preparación.
“El país no está preparado para enfrentar la exigencia de Estados Unidos. No se preparó para eso”, sostuvo Hernández, quien llamó a evitar que la apertura del mercado se produzca sin medidas que permitan proteger y fortalecer previamente la producción arrocera nacional.
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