La Asociación Dominicana de Fabricantes de Calzados (ADOCALZA) respaldó los mecanismos implementados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) para evaluar a los oferentes que participan en el proceso de adquisición de calzado escolar correspondiente al año lectivo 2026-2027. La organización aseguró que los fabricantes nacionales que resultaron adjudicados cuentan con la capacidad instalada necesaria para cumplir con las cantidades contratadas por el Estado.
ADOCALZA valoró como un avance la incorporación de una metodología que relaciona la capacidad instalada de las empresas, sus instalaciones y maquinarias, con la cantidad de trabajadores formales registrados en la Seguridad Social. Según el presidente de la asociación, Lemuel Ángeles, este mecanismo permite evaluar de manera más objetiva la capacidad productiva de cada oferente y comprobar si la producción declarada por una empresa se corresponde con sus condiciones reales.
La organización afirmó que sus miembros que resultaron adjudicados en el proceso INABIE-MAE-PEUR-2026-0003 cuentan con fábricas, maquinarias, empleados, experiencia y estructuras productivas desarrolladas durante años, lo que les permite garantizar la producción de casi 600,000 pares de zapatos escolares dentro de los tiempos establecidos.
ADOCALZA aclaró que no cuestiona la actividad legítima de importadores, distribuidores o comercializadores, pero consideró necesario diferenciar entre la comercialización de un producto y su fabricación en el país. La asociación advirtió además que cuestionar de manera general la capacidad de los fabricantes dominicanos puede afectar a empresas, trabajadores y a la cadena productiva local, por lo que insistió en que cualquier duda debe comprobarse caso por caso, y sostuvo que los cuestionamientos surgidos en procesos anteriores no deben trasladarse al procedimiento actual, ya que este incorpora criterios de evaluación diferentes.
Por su parte, el INABIE ha indicado que el proceso mantiene el esquema establecido en el pliego de condiciones, con hasta un 80% de las adjudicaciones destinadas a bienes de fabricación nacional y hasta un 20% a bienes importados, y que realiza inspecciones técnicas al 100% de los participantes para verificar instalaciones, maquinarias, personal y capacidad operativa.
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