Santo Domingo. – El abogado y catedrático universitario Pablo Vicente presentó ante el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) una serie de propuestas para fortalecer la protección de los datos biométricos y personales, limitar el uso de la información electoral y garantizar mayores controles sobre los sistemas de identificación administrados por el organismo.
Las recomendaciones fueron remitidas como parte de la consulta pública del proyecto de Reglamento para el Tratamiento de los Datos Biométricos y Datos Personales Asociados a la Identidad de las Personas, cuyo plazo para recibir observaciones vence el próximo 16 de noviembre.
Entre los principales planteamientos, Vicente propuso establecer mayores garantías para los titulares de los datos, reforzar la seguridad de la información biométrica, garantizar la soberanía de los datos e incorporar mecanismos independientes de supervisión, así como procedimientos claros para presentar y resolver reclamaciones.
También recomendó delimitar el acceso a los datos de naturaleza político-electoral para impedir que la información del registro electoral sea utilizada con fines comerciales, partidarios o de campaña. Asimismo, planteó fortalecer las garantías frente a transferencias internacionales de información y preservar el secreto bancario y profesional conforme a las leyes vigentes.
El especialista consideró necesario ampliar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, establecer responsabilidades institucionales ante posibles incidentes de seguridad e incorporar a la academia, la sociedad civil y las organizaciones defensoras de los derechos digitales en el proceso de discusión.
«La modernización de los servicios de identificación debe avanzar de la mano con la protección de los derechos fundamentales. Los datos biométricos no son simples registros administrativos; constituyen información personal que exige garantías especiales, controles efectivos y una regulación respetuosa del ordenamiento constitucional», expresó Vicente.
El catedrático calificó sus recomendaciones como un aporte técnico y académico al proceso de revisión de la normativa y exhortó a los sectores profesionales, académicos y sociales a aprovechar el plazo de consulta pública, que concluye el 16 de noviembre, para presentar sus observaciones y contribuir al perfeccionamiento del reglamento.