Santo Domingo Oeste.— La controversia por las compensaciones por uso de vehículos en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste (ASDO) escaló luego de que el regidor Joan Manuel Herrera Martínez, expresidente del Concejo de Regidores, sometiera una solicitud de cambio de la Contralora Municipal, María Magaly Florentino, en medio de cuestionamientos sobre una asignación de RD$60,000 mensuales.
La petición aparece en la Agenda 23-2026 del Concejo de Regidores, correspondiente a la sesión ordinaria del 13 de agosto. Su inclusión se produce después de que la Contraloría Municipal solicitara revisar el monto que Herrera continuaba recibiendo como compensación por uso de vehículo, pese a que ya no ocupaba la presidencia del Concejo.
En una comunicación del 9 de junio de 2026, Florentino informó que se había efectuado el pago de las compensaciones correspondientes a mayo, pero observó que Herrera aún figuraba con una asignación de RD$60,000, monto que, según explicó, correspondía al beneficio establecido para quien ocupa la presidencia del Concejo. La funcionaria recomendó modificar el compromiso y aplicar el criterio correspondiente a los demás regidores.
La Contraloría también pidió revisar la Resolución No. 16-2026, mediante la cual fueron aprobadas las compensaciones por uso de vehículos, con el propósito de establecer claramente los montos destinados al presidente del Concejo, la vicealcaldesa, los regidores y otros funcionarios, evitando posteriores modificaciones administrativas y procurando mantener el equilibrio presupuestario.
El tema volvió a ser planteado el 6 de julio, mediante la comunicación ASDO-CM20/2026, dirigida al alcalde Francisco Peña, a la presidenta del Concejo, Virginia del Carmen Jáquez, y a los demás regidores. Florentino insistió en que los beneficios vinculados a una posición temporal debían quedar establecidos mediante resolución y ajustarse al régimen retributivo correspondiente.
La funcionaria citó, además, disposiciones del artículo 144 de la Constitución, la Ley 176-07 y la Ley 105-13, al defender que los pagos debían regularizarse bajo criterios de equidad y justicia, conforme al marco legal aplicable.
La solicitud de cambio de la Contralora introduce ahora un nuevo componente político-administrativo en la disputa. Aunque los documentos examinados no establecen expresamente que la petición de Herrera sea consecuencia de los cuestionamientos sobre la compensación de RD$60,000, ambos hechos ocurren dentro de la misma controversia y en un corto período de tiempo.
El Concejo de Regidores deberá conocer la solicitud mientras permanece sobre la mesa la discusión sobre el manejo de las compensaciones vehiculares y el papel de la Contraloría en la fiscalización de estos pagos. El caso coloca nuevamente bajo escrutinio la administración de los recursos públicos y los criterios utilizados para asignar beneficios económicos a funcionarios municipales.
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